El artículo 54 del megaproyecto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que desde este miércoles empezará a tratar Diputados, establece que el Presidente podrá disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos. Beneficiaría a los empleados más rezagados en las paritarias.
Así lo establece el inciso A del mencionado artículo. Fuentes oficiales confirmaron que los aumentos se ordenarían por decreto y estarían dirigidos fundamentalmente a los trabajadores que quedaron más rezagados en las negociaciones paritarias. Añadieron que la ronda de negociaciones con los empresarios y con los sindicatos comenzarían solo una vez que el Congreso sancione la ley.
En el Gabinete explicaron que la medida orientada al sector privado el objetivo inicial es apuntalar los ingresos de los trabajadores más postergados, cuyas paritarias corrieron al menos este año por detrás de la evolución de la inflación. En la CGT identificaron apenas ocho sindicatos, entre los que figuran la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Asociación Bancaria, que quedaron a salvo del desfasaje entre sus acuerdos salariales y la suba de la canasta básica. Para los demás en la central obrera advertían sobre la necesidad de fijar el incremento por decreto.
El primer indicio lo dio el ministro Claudio Moroni en una reunión que mantuvo semanas atrás con la “mesa chica” de la CGT. Allí les dijo que entre las primeras medidas de Alberto Fernández figuraría ese ajuste, con el propósito colateral de dinamizar el consumo y darles un respiro al comercio y las pequeñas y medianas empresas.
Una vez enviado el proyecto de ley al Congreso los funcionarios consultados por el diario Ámbito Financiero aclararon que el eventual monto a decretar para la suba no fue resuelto todavía, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
De ese modo, y en sentido contrario a una eventual paralización de las negociaciones salariales, el valor decretado quedará sujeto a mejoras sólo en el ámbito de los convenios colectivos de trabajo, incluso en los que cronológicamente ya fueron clausurados por este año.