ntes de que termine el congelamiento de precios de los combustibles, que el Gobierno estableció por 90 días, la Secretaría de Energía estudia habilitar un aumento en torno al 4% en los próximos días. “Estamos negociando con las provincias y las empresas petroleras”, confirmaron en el Gobierno. “Los precios aún están atrasados un 17%. No vemos margen para subir lo que piden. Será un aumento escalonado”, agregaron.
La resolución que fijó el tipo de cambio en $49,30 y el precio del barril de petróleo a US$59 vence en dos semanas, el 14 de noviembre. Para las empresas y los analistas que siguen el sector, los precios en surtidor están atrasados entre 18% y 20%, teniendo en cuenta un tipo de cambio nominal de $65, un Brent (precio internacional del petróleo) en torno a US$60 por barril, manteniendo los márgenes de refinación y actualizando el impuesto a los combustibles y a los biocombustibles.
Sin embargo, las petroleras repiten que nunca se aplicó un aumento tan brusco. Cuando hubo estas diferencias entre el precio local y el internacional, las empresas hicieron alzas escalonadas. La máxima suba que se hizo fue de 9,5% en el área metropolitana en septiembre del año pasado.
Los consumidores tampoco convalidarían un aumento del 20%. En lo que va del año, la demanda de nafta súper se mantuvo estable, pero porque reemplazó el consumo de la premium, que se derrumbó un 25% respecto del año pasado, que también fue malo. Por otro lado, las tarifas de colectivos, subte y tren se mantendrán congeladas al menos hasta fin de año.
La medida de fijar el precio del combustible y del crudo había traído mucho malestar en la industria. YPF admitió a sus accionistas que la resolución implicaba dejar de ganar hasta US$120 millones por mes. De hecho, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) presentó la semana pasada una acción de amparo judicial en reclamo de la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Integran la cámara YPF, Pan American Energy (PAE), Raízen, Pluspetrol, Total Austral, Chevron y Shell, entre otras.
En el comunicado que emitieron indicaron que “el congelamiento de precios generó una grave distorsión que repercute en los niveles de inversión, la actividad y el empleo”.
“El congelamiento de precios es un golpe y las inversiones en Vaca Muerta ya no son tan competitivas”, había dicho Sean Rooney, presidente de Shell para la Argentina.
Hasta entonces, la petrolera Vista Oil & Gas, que fundó Miguel Galuccio, había sido la única en presentarse ante la Justicia para rechazar la medida. Luego se sumaron las provincias de Neuquén y Río Negro, que también protestaron por las regalías que dejan de percibir.