El Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y el Círculo Odontológico de Paraná protagonizaron un fuerte cruce en torno a la relación con la principal prestadora de salud de la provincia, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).
«Iosper sigue pagando y no ha cortado la cadena de pagos, a pesar de la crítica situación económica del país de la cual no somos ajenos», lanzó el gerente de Administración de la obra Social, Arnoldo Schmidt, ante la consulta de Entre Ríos Ahora.
El Colegio de Odontólogos planteó su postura «con datos veraces, objetivos y actualizados, sobre la preocupante situación existente con los convenios prestacionales entre la obra social y los círculos odontológicos de la provincia». Y agregó: «Desde hace muchos años, los odontólogos han sido la variable de ajuste de un sistema perverso, que los obliga a realizar prestaciones por las que perciben aranceles que muchas veces ni siquiera alcanzan para cubrir los gastos que dichas prestaciones demandan».
Según el Colegio de Odontólogos, el Iosper «históricamente» ha incumplido sistemáticamente los convenios prestacionales, «incurriendo en atrasos en los pagos que han alcanzado en algunos casos hasta cinco meses de demora. Teniendo en cuenta el contexto altamente inflacionario que ha caracterizado a nuestra economía en los últimos años, un atraso en los pagos de semejante magnitud, constituye al menos, una falta de respeto absoluta al profesional de la salud, que en su buena fe, brindó el servicio a sus pacientes en tiempo y forma».
Desde la entidad dieron intervención hasta el gobernador Gustavo Bordet, «poniéndolo al tanto de la situación y solicitándole su intervención urgente para hallar una pronta solución al respecto. Al día de la fecha, no ha sido posible establecer un diálogo fructífero» con las autoridades de Iosper, señalaron.
«La dolorosa decisión de interrumpir preventivamente la prestación de servicios ante el atraso de los pagos, que toman las instituciones gremiales, como son los círculos odontológicos de la provincia -dijeron desde el Colegio- es exactamente la misma decisión que toma un gremio (docente, de empleados judiciales, públicos provinciales o municipales) de ir al paro de actividades en defensa de sus derechos laborales o en reclamo de aumentos de sueldo o pago de haberes atrasados».