En una reunión, Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver a la Corte Suprema de Justicia y pedir que intime al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar y pagar cuanto antes la compensación.
Los ministros de Economía y Fiscales de Estado de las provincias buscarán consensuar este martes, en un encuentro en Buenos Aires, el monto de compensación tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional que ordenó a la administración de Mauricio Macri financiar el costo fiscal de las medidas de la Nación que redujeron los ingresos de las provincias. El ministro de Economía, Hugo Ballay, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, formarán parte del encuentro con sus pares.
“A partir del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada tomamos contacto los ministros de Economía y los fiscales de Estado, en principio de las 15 provincias que justamente acudimos a la Corte con ese reclamo pero seguramente se sumarán otras también”, comentó Ballay y acotó que “fundamentalmente es para determinar la forma y poder exigir al gobierno nacional que cumpla con su fallo. La semana pasada trabajamos individualmente, vía comunicación con cada uno de los ministros, y definimos esta reunión mañana en la Comisión Federal de Impuestos”.
Luego el funcionario entrerriano señaló que “el fallo de la Corte es muy claro. No modifica la redacción de los decretos ni resoluciones que las provincias plantearon, sino que señala que el costo fiscal de dicha medida debe ser absorbido totalmente por el gobierno nacional” y acotó que “sólo tiene efecto para estas 15 provincias y para el resto no, por eso nuestra dificultad en principio de poder determinar el monto exacto de la incidencia y esto es lo que vamos a trabajar este martes”.
Más adelante, menciónó: “La estimación que hicimos en su momento cuando la medida se publicó, en base a lo que el propio gobierno nacional estableció como costo fiscal de la medida eran de 1.650 millones de pesosdesde el momento de la decisión al 31 de diciembre. Sobre estos valores trabajamos fundamentalmente porque tomamos los parámetros que el propio gobierno nacional había estimado”.
“Lo que nosotros pedimos es que se cumpla con el fallo de la Corte y que se redistribuya a las provincias lo que les corresponde de un impuesto que es coparticipable”, insistió Ballay, al tiempo que comentó que, según versiones periodísticas, las provincias de Buenos Aires y Mendoza se van a sumar al reclamo.
Por su parte, Rodríguez Signes comentó que “la Corte Suprema en el caso Gobierno de Entre Ríos contra Estado Nacional por la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 567 dictó una medida cautelar, haciendo lugar a la pretensión de las provincias para que mientras se sustancia el juicio principal las provincias no vean menguada la coparticipación. Pero la Corte no determina una cifra concreta por la cual la provincia debe ser compensada, sino que establece una especie de consigna que es que el costo fiscal de las medidas adoptadas las asuma el Estado nacional con sus propios recursos sin afectar los recursos de coparticipación”.
Luego expresó: “Eso es lo que dice la sentencia y por lo tanto lo que hay que hacer es convertir esa consigna en una cifra determinada. Para ello hay dos formas: una es hacer un ejercicio y considerar como que no existen esos decretos para las provincias, y por lo tanto habría que determinar cuánto era la coparticipación antes de la entrada en vigencia de ellos y cuánto es actualmente. Esa diferencia sería el monto a compensar”.
“La otra posibilidad es tomar el mismo cálculo que hizo el Estado nacional que estimó el costo fiscal de las medidas en 34.000 millones de pesos y de ahí aplicar los índices de coparticipación de cada uno”, acotó el fiscal de Estado entrerriano.
Finalmente, sostuvo: “Nosotros estamos actualmente en una instancia de intentar determinar la suma a compensar para que la medida cautelar se cumpla, de acuerdo a lo ordenado por la Corte, y es por eso que este martes se realizará la reunión en la Comisión Federal de Impuestos. El gobierno nacional tiene una actitud dilatoria que es hagamos una audiencia, debatamos ahí, de paso debatimos el sentido de las medidas. En ese aspecto consideramos que ex temporanea la posición del gobierno nacional”.