Al menos cinco ex empleados de la familia del Presidente se convirtieron en los funcionarios que posibilitaron la concesión de los Acceso Norte y Oeste que beneficiaron al Grupo Macri.
urante 2018, el Gobierno renegoció los contratos de concesión de las autopistas Acceso Oeste y Acceso Norte, de las cuales el Grupo Macri era accionista junto a la compañía española Abertis. El Ejecutivo sostiene que por los acuerdos se ahorraron más de US$ 2.300 millones porque Autopistas del Sol S.A. (Ausol) y el Grupo Concesionarios del Oeste S.A. (Acceso Oeste) demandaron al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por retrasos tarifarios acumulados por más de una década. Pero por estos acuerdos el Grupo Macri también fue beneficiado. Se le extendió la concesión a Ausol –de la cual el Grupo Socma era el socio mayoritario– sin pasar por licitación y, además, la compañía recibió una compensación de más de US$ 520 por parte del Estado en concepto de “flujo futuro estimado”, como parte del acuerdo que hizo la empresa con Vialidad Nacional. Por otra parte, cuando se cerraron los contratos, el Grupo Socma terminó de desprenderse del 7% de las acciones, que al momento de vendérselas a Natal Inversiones S.A., habían aumentado su valor desde los $4 hasta los $75, cada una, entre el 10 de diciembre de 2015 y mayo de 2017. Como adelantó el diario PERFIL, los documentos de la concesión de las autopistas fueron firmados por dos personas que habían trabajado para la familia del Presidente. Sin embargo, en base a la nueva información recolectada para esta nota, el Equipo de Investigación de Perfil Educación comprobó que hay otros tres ex empleados del Grupo Macri que participaron activamente de las negociaciones por las autopistas. “La demanda ante el Ciade fue una puesta en escena para forzar la negociación que arreglaron en un cuarto cerrado los empresarios de Ausol, Acceso Oeste y los funcionarios de Vialidad”, aseguró Julieta Rípoli, quien fue Jefa de Concesiones en el área de Jurídicos en Vialidad Nacional y estuvo presente en las reuniones con las compañías concecionarias de las autopistas. “Yo trabajé en Vialidad desde 2004 y, excepto el director que es puesto por el presidente, todos los empleados son de carrera. Así llegué al puesto de Directora de Jurídicos y nunca había visto como con una nueva gestión entraba más de una decena de nuevos funcionarios”, reveló Rípoli al Equipo de Investigación. Rípolli denunció el mes pasado esta maniobra ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Se trata de una causa que se inició con la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito”. De los dos lados del mostrador Rípoli advirtió que “la renegociación de los contratos de Ausol y Acceso Oeste se hicieron en un cuarto cerrado con cuatro personas”, donde ella estuvo tomando actas. Uno de estos funcionarios era Roger Emmanuel Botto, actual gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras en Vialidad Nacional. Según constató el Equipo de Investigación con los aportes que hizo este funcionario ante Anses, efectivamente Botto trabajó en Abertis Infraestructura S.A., desde 2007 hasta 2014 como gerente. Se llamó a Botto para consultarle sobre el conflicto de intereses que habría ocurrido en que benefició desde su puesto como funcionario público a una compañía de la cual formó parte, pero no contestó los llamados. Otro que es mencionado por la denuncia de Rípoli es Alejandro Caviglia, quien fue gerente de Recursos Humanos en Vialidad Nacional y trabajó en Socma. Caviglia dejó de formar parte de la estructura de Vialidad en febrero de 2018 y luego fue enviado al actual Ministerio de Agroindustria, donde fue el encargado de despedir a más de 900 empleados de la cartera de Luis Miguel Etchevehere, según indican fuentes del Ministerio. Caviglia tampoco contestó los llamados del Equipo de Investigación. También aparece el caso de Marta Arancibia, que se desempeñó como gerenta de Calidad en Ausol, según la testimonial de Rípoli. En Vialidad, desde 2015 hasta marzo de 2017, fue designada como Directora de Planeamiento. Arancibia es otra de las personas que formó parte de las negociaciones preliminares antes de cerrar el acuerdo con Ausol y Acceso Oeste. La ex funcionaria también se negó a contestar los llamados del Equipo de Investigación. Tampoco quizo hacer declaraciones para esta investigación Federico Heinecke, quien fue jefe de Producción en Ausol. Es no impidió que, hasta febrero de 2018, Heinecke estuviera a cargo de la gerencia de Proyectos y Obras de Vialidad Nacional. Por último, Ricardo José Stoddart era otro de los máximos encargados de las mesas de negociación del Estado y Ausol y Acceso Oeste porque desde 2015 en Vialidad Nacional es el gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos. Pero anteriormente, hasta 2009, Stoddart era uno de los socios del estudio de abogados Marval, O’ Farrell y Mairal que representó legalmente a Ausol. “Trabajé en el estudio, pero me dedicaba a las telecomunicaciones. Jamás asesoré a Ausol ni me desempeñé en el área de infraestructura o concesiones”, se excusa Stoddart ante el Equipo de Investigación. Además, Stoddart admitió que él fue el responsable de llevar a Rípoli a las mesas de negociación para que redactara las actas de la reunión junto a Ausol y Acceso Oeste. En cuanto al aumento del precio del 7% de las acciones que retenía Sideco de Ausol y que fueron vendidas a Natal Inversiones, Stoddart explica que el motivo se debió a “la expectativa del mercado en que los contratos se iban a cumplir, ante la llegada de Macri como Presidente” y niega que haya tenido algo que ver en que la familia del máximo mandatario recibió 20 millones de dólares por desprenderse de Ausol. Por último, Stoddart asegura que esta gestión se encargó de renegociar unos contratos que “debían haberse cerrado en 2003 y 2006”, pero que el entonces gobierno de Néstor Kirchner no hizo. En cuanto al aumento de las tarifas, que devinieron también el aumento de las acciones, Stoddart dice que “se cumplió lo que estaba establecido en la renegociación parcial anterior”. Rípoli denuncia también que el acuerdo de las concesiones debería haber pasado bajo la aprobación del Congreso. En este sentido, Stoddart asegura que “no pasó por Diputados porque el Ejecutivo emitió un decreto en 2016 en dónde se le ordenaba a los ministerios que concluyan las negociaciones de contratos que estuvieran inconclusos desde 2002”. (Fuente www.perfil.com).