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La estrategia para reestructurar la deuda

En los próximos 60 días se definirán las condiciones para una reestructuración de vencimientos de la deuda. Lo que exigen los acreedores y el FMI, y lo que está dispuesto a ofrecer el gobierno argentino.

La renegociación de la exorbitante deuda que dejó el macrismo requiere de una estrategia integral, la cual incluye negociar con bonistas un canje, conseguir el apoyo del Fondo Monetario para ello, y luego acordar un diferimiento en el pago de los vencimientos con el organismo. El problema es que ambas negociaciones tienen que llevarse en simultáneo sin mostrar todas las cartas hasta que se consiga el consenso suficiente. El Fondo exige proyecciones económicas para dar su aval a la reestructuración, pero para eso se requiere un acuerdo previo que permita saber cuál será el esquema de vencimientos de deuda que enfrentará el país en los próximos años. El objetivo es conseguir un superávit fiscal primario con el cual cumplir con esas obligaciones. El proyecto presentado este martes intenta darle las herramientas al ministro de Economía, Martín Guzmán, para llevar adelante las negociaciones.

La herencia que dejó el macrismo se compone de un stock de 300.000 millones de dólares en deuda externa, equivalente al 90 por ciento del Producto Interno Bruto, emitida en pesos y dólares, e incluyendo los 45.000 millones que tomó entre mediados de 2018 y 2019 a través del crédito más abultado que otorgó el FMI. El primer movimiento fue suspender nuevos desembolsos del organismo, con el objetivo de poder renegociar los plazos de repago de lo ya prestado, el 80 por ciento del stand by, con la menor cantidad de condicionalidades posible. En el caso de la deuda con privados, tanto a nivel nacional como en el caso de la provincia de Buenos Aires, es pagar con reservas los intereses y congelar todos los vencimientos de capital hasta que se lleve a cabo una reestructuración más integral del problema.

Para bonistas

El país enfrenta en los próximos años vencimientos de deuda por el equivalente a 150.000 millones de dólares, computando los que había comprometido la administración Macri con el Fondo, en el marco del acuerdo. Sólo en este primer semestre el país tiene compromisos por 30.000 millones de dólares (15.000 en dólares y la otra mitad en pesos). Si bien se dará tratamiento similar a los bonos en pesos y en dólares, con legislación local e internacional, las conversaciones van por carriles diferentes. El objetivo del equipo económico de Alberto Fernández es mejorar tres condiciones que hacen a la deuda: alargar plazos de vencimientos, reducir la tasa de interés de descuento de los bonos y achicar el valor presente del capital a cancelar.

Desde el Palacio de Hacienda aseguran que existe buena recepción de los tenedores, los cuales podrían dividirse en tres universos. Por un lado están los grandes bancos de inversión que adquirieron buena parte de la deuda que emitió el macrismo. También hay bonistas atomizados que se organizan para negociar con mayor fuerza. Y el último grupo está compuesto por quienes no están dispuestos a negociar y, sin importar cuál sea la oferta, litigarán por el total. Seguramente será el renacimiento de una nueva camada de fondos buitre.

Sobre estos últimos, en el entorno de Guzmán sostienen que, a diferencia del canje de 2005 y 2010, las emisiones vigentes contienen cláusulas de acción colectiva que podría evitar nuevos litigios. También reconocen que volver a emitir bajo legislación neoyorquina es un problema, aunque para los bonos que se ofrecerán para el canje será indispensable respetar la jurisdicción pactada en la deuda canjeada. A futuro, la idea es que toda emisión sea con ley argentina.

Aunque se desconoce o no se han definido aún las condiciones que ofrecerá la Argentina, la discusión rondará en torno a la extensión de plazos para el pago del capital y la reducción de tasa que se acepte con respecto a los bonos actualmente vigentes. Del lado argentino se mantiene el criterio de que se ofrecerá pagar lo posible y cuando el país esté en condiciones de hacerlo. Si los acreedores exigen un rendimiento (medido en tasa de interés sobre el valor nominal), más alta que la ofrecida para los nuevos bonos, ello supondrá una extensión mayor de los plazos para la cancelación del capital. A mayor tasa, mayor plazo, lo cual supone un “recorte” en el valor presente de la deuda. A esto se refería Joseph Stiglitz en Davos (Suiza), cuando advirtió a los acreedores argentinos que deberían prepararse para un “recorte” (haircut) para hacer “razonable” la oferta de reestructuración de la deuda.    

Para el FMI

La posición que adopte la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, será clave para que la negociación con los bonistas sea más fluida. No es una práctica necesaria y excluyente. De hecho, en 2010 el gobierno pudo llevar a cabo un segundo canje sin intromisión del Fondo. Pero en el actual contexto, donde se le debe también al organismo, su aval será importante para cambiar las condiciones de la deuda con los privados. Hasta el momento, la directora gerenta del Fondo fue condescendiente con la posición argentina de no continuar con el ajuste en materia social. “No se puede hacer lo mismo de siempre y esperar otros resultados”, señalan desde el Ministerio de Economía.

El espaldarazo de la búlgara, al menos desde lo discursivo, enfrenta una maquinaria geopolítica detrás de la conducción del organismo, donde Estados Unidos juega un rol preponderante. El apoyo explícito de Donald Trump al gobierno de Cambiemos definió que el Fondo otorgara el préstamo más abultado en toda su historia. Ahora el organismo deberá hacerse cargo de tal irresponsabilidad.

El organismo le exige en las conversaciones con los funcionarios de Economía un programa de mediano plazo, pero desde el equipo de Guzmán responden que eso es imposible de predecir si no se avanza en la negociación con los acreedores. Es por esto que todavía no se ha dado a conocer el presupuesto de este año, que depende fundamentalmente de las proyecciones económicas que tenga el gobierno para ese período. Dado que esos datos son parte de la negociación y de sus resultados, todavía no están disponibles. Con el organismo no habrá quita –nunca la hay— y el acuerdo será para prolongar los plazos, los cuales deberán coincidir con un estado de equilibrio fiscal.

En el gobierno ya hay estimaciones respecto de cuándo podría llegarse a la situación de equilibrio –y posteriormente de superávit fiscal—, pero aseguran que es parte de la negociación y de los datos que cruzan con los acreedores. Anticipan que no se aceptarán mayores condicionamientos. “La política económica es la que definamos nosotros, es nuestra, y este es un cambio en la forma tradicional de tratar con el Fondo”, reiteran en el Palacio de Hacienda.

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